Santiago, R.D. – El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, informó este viernes que las pesquisas sobre la pérdida de cinco personas en el sector La Barranquita, provincia Santiago, revelan que se trató de una “ejecución extrajudicial”.
Según Camacho, los indicios recopilados demuestran que los agentes involucrados manipularon evidencia y recurrieron a maniobras para obstaculizar la investigación y ocultar lo ocurrido. La Procuraduría enfatiza que la investigación continuará hasta esclarecer todos los hechos y garantizar la aplicación de la justicia.
El funcionario explicó que las pruebas apuntan a que los agentes implicados sustrajeron videos de seguridad y otros elementos de evidencia, y utilizaron procedimientos que impidieron inicialmente el avance de la pesquisa. “Desde el Ministerio Público tenemos la firme decisión de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias”, declaró Camacho, subrayando que no se permitirá que exista impunidad en el caso. La declaración resalta la prioridad de la institución de esclarecer cada detalle sobre la pérdida de las cinco personas y de procesar a los responsables conforme a la ley vigente.
La audiencia de medida de coerción contra los 11 agentes policiales imputados fue aplazada por la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, y reprogramada para el jueves 9 de octubre a las 9:00 a.m. Esto permitirá que la defensa revise con detalle la acusación presentada por el Ministerio Público.
Camacho señaló que la institución no se opuso a la solicitud de aplazamiento, indicando que la cantidad y amplitud de las pruebas justificaban esta decisión. “A nosotros nos gusta ganar, y nos gusta ganar en buena lid”, enfatizó, reafirmando el compromiso de la Procuraduría con un procedimiento transparente y legal.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los agentes imputados y declaró el caso como complejo, debido a la gravedad de las acusaciones por asociación de malhechores y pérdida de personas voluntario, en infracción a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
Los imputados incluyen a los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly/Charli Chasc), 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, 35 años; y José Vladimir Valerio Estévez, 25 años. Según la acusación, los agentes llegaron a la plaza comercial en tres vehículos —Mazda, Honda Civic y Kia K5— y abrieron fuego sin mediar palabras. Además, confiscaron teléfonos y DVR de negocios cercanos para deshacerse de evidencias, incluso contactando a un comerciante ausente para obtener su grabador.
El hecho ocurrió el 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita y generó gran atención pública, cuestionando el proceder policial. La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a la dirección de Persecución y a la Fiscalía de Santiago a investigar el caso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y garantizar la actuación legal correspondiente frente a los responsables.