Once integrantes de la Policía Nacional afrontan cargos por estar involucrados en la pérdida de cinco personas y por asociación ilícita, luego de una acción ocurrida el 10 de septiembre en el sector La Barranquita, en la provincia de Santiago. El suceso, ampliamente difundido por el programa El Informe con Alicia Ortega, presentó grabaciones de cámaras de seguridad y discrepancias entre los reportes oficiales y la versión del Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, los señalados son el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos, los cabos Yoandi Encarnación y Geiser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, todos pertenecientes al Departamento de Investigación de Cr1menes Organizados y Casos Complejos. También figuran el mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, el sargento mayor Sócrates Fidel Félix Félix, el sargento Jairo Mateo Morillo, el cabo César Augusto Martínez Trinidad y el raso José Octavio Jiménez Peña, adscritos al DICRIM de Santiago.
La narración fiscal indica que el grupo se movilizó hacia La Barranquita en tres vehículos oficiales con el propósito de ejecutar un operativo relacionado con un supuesto tráfico de objetos de fuego. Las cámaras del sistema 911 captaron la llegada de las unidades a las 2:15 de la tarde, seguidas minutos después por los automóviles de las personas que resultaron con pérdida, un Honda Civic dorado, un Kia blanco y un Mazda blanco, estacionados frente a la plaza comercial Corona Plaza.
Los registros audiovisuales muestran que los individuos conversaban en el estacionamiento antes de que los agentes se distribuyeran en distintas posiciones. Posteriormente, las imágenes reflejan movimientos repentinos, desplazamientos apresurados y agentes con elementos de fuego visibles. El Ministerio Público sostiene que la acción policial derivó en un desenlace fatal sin que existiera intercambio previo.
Según el expediente, los implicados habrían manipulado evidencias, retirado grabaciones y confiscado teléfonos móviles con el objetivo de deshacerse de rastros del hecho. Una testigo declaró haber observado a los funcionarios subir al tercer nivel del edificio y revisar su teléfono al percatarse de que había grabado parte del procedimiento.
La defensa de los agentes argumenta que el Ministerio Público no ha individualizado las acciones y rechaza el señalamiento de asociación ilícita, afirmando que los uniformados actuaban en cumplimiento de su servicio. Sin embargo, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó que el proceso es prioritario y que la investigación se llevará hasta sus últimas consecuencias.
Un informe técnico de la Policía indica que las personas que dejaron de existir habrían accionado primero durante un seguimiento de inteligencia a un grupo delictivo. No obstante, los fiscales sostienen que las imágenes revisadas contradicen esa afirmación, ya que uno de los vehículos se alejó sin persecución visible. Además, fotografías de la inspección policial difieren entre sí: en una se aprecia un objeto de fuego junto al cuerpo de un fenecido, mientras en otra, tomada segundos después, ese objeto no aparece.
Las personas que perdieron la existencia fueron identificadas como José Vladimir Valerio Estévez, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Julio Alberto Gómez, quienes presentaban entre tres y ocho impactos de proyectiles.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los once agentes y pidió que el caso sea declarado complejo. La audiencia de medida de coerción fue reprogramada para el jueves 9 de octubre. El expediente continúa bajo investigación judicial en los tribunales de Santiago.
