El periodista Ramón Tolentino volvió a captar la atención pública tras difundir un video en el que se observa al padre del menor conocido como “Ángel El Diablón” entregándolo de manera voluntaria a agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM). La entrega se produjo luego de que el comunicador denunciara la supuesta existencia de una agrupación juvenil que operaba en el sector Villa Faro.
En las imágenes compartidas por Tolentino a través de sus plataformas digitales, se aprecia el momento en que el progenitor decide poner al adolescente, de apenas 13 años, bajo disposición de las autoridades competentes. El acto fue realizado en un entorno controlado, con el propósito de evitar cualquier tipo de acción violenta y contribuir al esclarecimiento de las denuncias que mantenían preocupados a los residentes de la comunidad.
El periodista explicó que su intención no fue exponer al menor, sino llamar la atención sobre la problemática de la delincuencia juvenil que afecta a diversos sectores del Gran Santo Domingo. “Esto no es una acción violenta, es un llamado de auxilio. Es el reflejo del abandono social y familiar que viven muchos de nuestros jóvenes”, expresó Tolentino durante una intervención posterior.
Vecinos del sector Villa Faro habían manifestado previamente su inquietud ante los supuestos incidentes atribuidos a un grupo de adolescentes que, según reportes, realizaban actividades ilícitas en la zona. Esta situación generó una sensación de inseguridad entre los moradores y comerciantes del lugar, quienes solicitaron una respuesta institucional ante los hechos denunciados.
Con la entrega del joven, las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional deberán determinar su situación legal y activar los mecanismos de protección, acompañamiento psicológico y reinserción social correspondientes, tomando en cuenta su corta edad y las condiciones en que fue entregado.
Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales respecto al procedimiento ni sobre las medidas que se adoptarán en adelante. No obstante, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad conjunta entre el Estado, las familias y las comunidades frente al aumento de la delincuencia juvenil en el país, así como la necesidad de fortalecer los programas de prevención, educación y apoyo social destinados a los menores en situación de vulnerabilidad.