La reciente retención de la ciudadana venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi en Medellín, Colombia, marcó un punto clave dentro de la Operación Guepardo, una investigación iniciada hace meses para esclarecer un presunto esquema inmobiliario que habría perjudicado a numerosas familias interesadas en invertir sus ahorros en proyectos habitacionales considerados confiables.
Las autoridades informaron que esta situación representó un avance dentro del proceso, debido a la importancia de su participación señalada en el expediente, que detalla una estructura asociada con acuerdos no verificados que despertaron expectativas entre los compradores.
Las autoridades dominicanas señalaron que Belfon Arismendi se convirtió en la quinta mujer retenida por sus posibles vínculos con la red que habría gestionado propuestas inmobiliarias no verificadas para 122 compradores en desarrollos promocionados en La Romana y La Altagracia.
El expediente indica que esta dinámica habría movilizado más de 18 millones de dólares mediante estrategias orientadas a generar confianza y captar fondos sin autorización formal en diferentes instancias vinculadas al proceso de planificación y presentación de ofertas, lo que llevó a las autoridades a profundizar las pesquisas.
El proceso judicial involucra a nueve personas, entre ellas al abogado Javier Ulloa Bueno y al ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, señalados como los únicos hombres dentro del expediente. La acusación posiciona a Belfon Arismendi y a la dominicana Loany Lismeiry Ortiz Nova como dos figuras centrales de la operación, ambas identificadas en roles vinculados a la coordinación de movimientos financieros y supervisión de acciones estratégicas dentro del desarrollo de la supuesta estructura que es examinada por las autoridades competentes.
Ortiz Nova, también retenida en Colombia a inicios de febrero, mantiene adelantado su proceso de extradición, de acuerdo con los registros oficiales. Su nombre figura como administradora de la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL, destino en el cual las personas interesadas realizaron depósitos confiando en propuestas inmobiliarias que no lograron concretarse. Este vínculo ha sido considerado un elemento importante dentro de la sustentación del expediente, ya que forma parte de la documentación que respalda la solicitud judicial.
El procurador fiscal de Antilavado, Claudio Cordero, destacó la cooperación entre el Ministerio Público, el Dilaft de la Policía Nacional y la OCN-Interpol Santo Domingo, coordinación que permitió ubicar a Belfon Arismendi en Medellín. Según las autoridades, la colaboración internacional fue determinante para delimitar sus desplazamientos y evitar posibles nuevas acciones relacionadas con el caso, garantizando que su ubicación quedara plenamente registrada antes de proceder con su retención formal.
El equipo investigador aseguró que Ortiz Nova habría gestionado recursos provenientes de compradores para transferirlos posteriormente a una cuenta asociada a Belfon Arismendi, los cuales habrían sido destinados a la compra de diversos bienes en territorio dominicano. Estas acciones forman parte de los elementos que respaldan la solicitud de extradición, debido a que establecen rutas financieras y movimientos que las autoridades documentaron como parte fundamental de las indagatorias.
Cordero añadió que la ciudadana venezolana también habría colaborado en la planificación de la salida de Ortiz Nova del país y su desplazamiento hacia Colombia, mientras ella misma permanecía en territorio venezolano antes de intentar desplazarse hacia Cúcuta, trayectoria que fue monitoreada hasta concluir con su retención. Esta información se consolidó en el expediente oficial que respalda los procesos en curso y estructura la argumentación presentada ante las autoridades internacionales.
El Ministerio Público comunicó que en las próximas horas será remitido a Colombia el expediente necesario para iniciar el proceso de entrega, documento que detalla el perjuicio ocasionado a 122 ciudadanos dominicanos y extranjeros que confiaron en proyectos inmobiliarios presentados bajo el nombre de una reconocida franquicia internacional. Este paso representa un avance dentro del proceso judicial, que continúa activo conforme a los lineamientos legales establecidos.
Entre las demás personas vinculadas al caso figuran Marisol Nova Nolasco, madre de Ortiz; Rocío Rodríguez de Moya, Astrid Ridelys Bello, Samayra del Rosario Barreto y Loana Paola Guerrero, todas asociadas a una estructura que, según las autoridades, operaba como un grupo orientado a presentar proyectos no verificados y captar interesados desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta información se encuentra sustentada en documentos y registros obtenidos durante la investigación emprendida por las autoridades.
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, representadas por Ramona Nova y Reina Rodríguez, manifestaron agradecimiento a Interpol Colombia por la cooperación brindada a través de la OCN-Interpol Santo Domingo. Las instituciones señalaron que la retención de Belfon Arismendi forma parte de un proceso que continuará desarrollándose dentro del marco judicial correspondiente, con nuevas diligencias en curso para completar la documentación y avanzar con los procedimientos establecidos.
