Un tribunal condenó al homicida de policía a 15 años de prisión tras probar que mató al raso Samuel Quezada Montero en Herrera el año pasado.
Geraldo Montero Montero fue declarado culpable de dispararle cuatro veces por la espalda a Quezada Montero durante un altercado en el sector El Café, según estableció la fiscal Anyelina Vicioso.
El conflicto inició cuando Quezada Montero realizó un disparo al aire y varios vecinos lo enfrentaron. En ese momento, Montero Montero llegó al lugar y desarmó al agente de la Policía Nacional, según la acusación.
Tras desarmarlo, Quezada Montero intentó escapar, pero Montero Montero lo persiguió y le disparó con su propia arma reglamentaria, una pistola marca Taurus calibre 9mm, provocándole la muerte instantánea.
Durante la audiencia, los fiscales Brenda Reyes y Nicasio Pulinario presentaron pruebas contundentes que demostraron que Montero Montero violó los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano.
Además, se comprobó que infringió los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que regulan la posesión y el uso de armas de fuego.
Los jueces Julio César de los Santos, Leonarda Quezada y Clara Rivera, del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, dictaron la sentencia y ordenaron el cumplimiento en el Centro de Privación de Libertad La Victoria.
El Ministerio Público destacó la solidez del cuerpo probatorio, que incluyó testimonios de testigos y evidencia balística que vinculó directamente a Montero Montero con el homicidio del agente.
La comunidad de Herrera sigue conmocionada por el hecho y resalta la importancia de la justicia en casos que involucran a miembros de la Policía Nacional en cumplimiento de su labor.
La condena a 15 años al homicida de policía se considera un precedente en la región, demostrando que la justicia puede actuar de manera efectiva frente a delitos cometidos contra agentes del orden.
El caso también refleja la necesidad de reforzar la seguridad en sectores como El Café, donde los conflictos armados entre civiles y policías han generado tensión y alarma en la población local.
El tribunal dejó claro que la ejecución de la sentencia busca garantizar la responsabilidad penal de quienes atentan contra la vida de servidores públicos y la seguridad de la comunidad.
