El comunicador Ramón Tolentino se pronunció sobre la intervención policial relacionada con un hombre identificado con el alias de “Lucifer”, cuestionando la forma en que se habría desarrollado el operativo y advirtiendo que cualquier actuación contraria a la ley debe ser investigada y sometida al escrutinio de la justicia.
Durante su participación en el programa Esto No Es Radio, Tolentino sostuvo que su postura no busca justificar las acciones de personas señaladas por la comisión de delitos, sino defender que estas sean detenidas y conducidas ante los tribunales para responder por los hechos que se les atribuyan.
El comunicador hizo referencia a un procedimiento ocurrido en el sector El Manguito, cuya ejecución generó controversia tras la circulación de un video relacionado con el caso. A su entender, lo correspondiente era que el hombre fuera arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público y de los órganos judiciales competentes.
Tolentino insiste en que los antecedentes no justifican actuaciones ilegales
El comentarista afirmó que, de acuerdo con las informaciones que había recibido, el individuo conocido como “Lucifer” estaría vinculado a diversos hechos delictivos. No obstante, enfatizó que los señalamientos que pueda enfrentar una persona no eximen a las autoridades de cumplir con los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.
Su planteamiento se centra en la necesidad de distinguir entre la persecución legítima del delito y cualquier actuación que pueda vulnerar los derechos fundamentales de una persona durante una intervención policial.
En ese sentido, consideró que las circunstancias del operativo deben examinarse con seriedad para determinar si los agentes actuaron conforme a sus atribuciones y si existen elementos que ameriten una investigación.
Recuerda expediente contra tres agentes del DICRIM
Durante su intervención, Tolentino también retomó el caso de Juan Alberto Castro Paredes, conocido como “El Tuerto”, un expediente que había abordado anteriormente en su espacio de comunicación.
Como parte de su exposición, mostró un documento judicial relacionado con una orden de arresto contra tres miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), quienes estarían siendo investigados por su presunta vinculación con ese caso.
Los agentes mencionados fueron identificados como Ramón Manzano Guerrero, Frinne Moisés Jackson Avalere y Amauri Báez Zamora. Según el documento presentado por el comunicador, la orden estaría relacionada con disposiciones del Código Penal dominicano.
Tolentino recordó que familiares de Castro Paredes habían acudido previamente a su programa para exponer sus denuncias. Aunque reconoció que sobre el hombre también existían señalamientos negativos, insistió en que ninguna acusación puede utilizarse como justificación para ignorar la ley.
La existencia de una orden judicial y las investigaciones correspondientes deberán ser valoradas por las autoridades competentes, respetando la presunción de inocencia de las personas señaladas mientras no exista una decisión judicial definitiva.
Explica el mensaje detrás del símbolo del reloj
Otro de los temas abordados por el comunicador fue el significado del reloj que suele colocar en publicaciones dirigidas a personas requeridas por las autoridades.
Tolentino negó que el símbolo tenga la intención de amenazar a alguien o promover que se le haga daño. Según explicó, su propósito es transmitir un mensaje de advertencia para que quienes sean buscados por la justicia opten por entregarse voluntariamente.
El mensaje que acompaña estas publicaciones suele ser una invitación a que los requeridos se presenten ante las autoridades antes de que su situación legal se complique aún más.
Asimismo, señaló que recomienda realizar las entregas mediante abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos, líderes comunitarios, juntas de vecinos u otras personas que puedan servir de intermediarios.
El comunicador también explicó que evita involucrarse directamente en la entrega física de los individuos, debido a las posibles complicaciones y responsabilidades que pudieran surgir durante el procedimiento o mientras permanezcan bajo custodia.
También pone el foco sobre fiscales y jueces
Tolentino consideró que las discusiones sobre la seguridad ciudadana no deben limitarse exclusivamente a las actuaciones de la Policía Nacional, sino que también deben abarcar el funcionamiento del sistema de justicia.
A su juicio, es necesario examinar las decisiones que toman los fiscales y jueces en expedientes relacionados con personas investigadas por hechos graves, especialmente cuando se producen decisiones de libertad que generan cuestionamientos en la opinión pública.
Sin embargo, cada decisión judicial debe evaluarse a partir de las pruebas presentadas, las disposiciones legales aplicables y las garantías procesales correspondientes. La imposición o revisión de una medida de coerción, por sí sola, no demuestra que un juez o fiscal haya actuado incorrectamente.
Análisis del caso: seguridad ciudadana y respeto a la ley deben ir de la mano
Las declaraciones de Ramón Tolentino vuelven a colocar sobre la mesa un debate fundamental para la República Dominicana: cómo enfrentar la delincuencia con firmeza sin permitir que se vulneren los derechos establecidos en la Constitución y las leyes.
La Policía Nacional tiene la responsabilidad de prevenir delitos, perseguir a quienes infringen la ley y ejecutar los arrestos conforme a los procedimientos correspondientes. Sin embargo, esa responsabilidad debe ejercerse dentro de los límites legales, independientemente de la gravedad de los señalamientos que pesen sobre una persona.
Cuando una intervención policial genera dudas, especialmente si existen videos que despiertan preocupación entre los ciudadanos, resulta importante que las autoridades examinen las imágenes, reconstruyan las circunstancias del operativo y determinen si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos establecidos.
De igual manera, cualquier denuncia contra miembros de los organismos de seguridad debe investigarse con objetividad, sin condenas anticipadas ni privilegios derivados del uniforme. Los agentes que actúen correctamente deben contar con el respaldo institucional, mientras que quienes incurran en posibles irregularidades deben responder conforme a la ley.
El mismo principio debe aplicarse al Ministerio Público y al Poder Judicial. Las decisiones de fiscales y jueces pueden ser cuestionadas públicamente, pero las críticas deben distinguirse de las acusaciones de conducta irregular, las cuales requieren elementos verificables.
La lucha contra la delincuencia y la defensa del Estado de derecho no son objetivos opuestos. Una sociedad más segura necesita autoridades capaces de actuar con determinación, investigaciones transparentes y un sistema judicial que aplique la ley con imparcialidad. Solo así se fortalece la confianza de la ciudadanía y se garantiza que la justicia funcione sin distinciones.
