La muerte de dos hermanos mellizos de 16 años durante un operativo de la Policía Nacional en el sector Mendoza ha provocado indignación y cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes reclaman una investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que ambos adolescentes perdieron la vida.
Los jóvenes, identificados como Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, fallecieron tras recibir impactos de proyectil durante una intervención policial realizada la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026. Según sus parientes, los agentes llegaron a la vivienda alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando los menores se encontraban descansando.
Las declaraciones de la familia contrastan con la versión ofrecida por la institución del orden, que informó sobre la existencia de varias órdenes de arresto y denuncias relacionadas con presuntas actividades delictivas atribuidas a los adolescentes.
Abuela cuestiona el procedimiento policial
Gleny Jiménez, abuela de los fallecidos, relató durante una entrevista concedida a Noticias SIN que los agentes habrían ingresado a la residencia después de derribar la puerta. De acuerdo con su testimonio, los hermanos estaban durmiendo y vestían ropa interior cuando comenzó el operativo.
La mujer cuestionó la forma en que se desarrolló la intervención y sostuvo que, si existían acusaciones contra sus nietos, las autoridades debían proceder a arrestarlos y presentarlos ante los tribunales para que respondieran por los señalamientos.
Uno de los aspectos más delicados de su denuncia es la afirmación de que uno de los adolescentes todavía presentaba señales de vida cuando, supuestamente, un agente volvió a dispararle. Esta versión, al igual que las demás acusaciones formuladas por los parientes, requiere ser investigada y contrastada con las evidencias disponibles.
Otros familiares también denunciaron presuntas amenazas durante el procedimiento y rechazaron que sus parientes hubieran cometido hechos que justificaran el desenlace descrito en sus testimonios.
Parientes denuncian presuntas agresiones durante el operativo
La abuela también aseguró que algunos agentes actuaron de manera agresiva contra los familiares que intentaban acercarse a los adolescentes durante la intervención.
Según su relato, ella misma recibió una patada y estuvo cerca de sufrir una lesión en uno de sus brazos cuando trató de intervenir. Asimismo, señaló que el padre de los mellizos habría sido agredido y detenido durante el procedimiento, aunque posteriormente recuperó su libertad.
Otro allegado a la familia afirmó que los uniformados restringieron el acceso a la vivienda después de lo ocurrido, lo que, según indicó, impidió que algunas personas cercanas pudieran observar lo que sucedía en el interior.
Estas denuncias plantean interrogantes sobre el desarrollo del operativo y las actuaciones de los agentes involucrados. Sin embargo, corresponde a los organismos competentes verificar cada señalamiento mediante testimonios, pruebas periciales y otros elementos que permitan establecer responsabilidades, si las hubiera.
Familia asegura que los adolescentes habían sido presentados ante las autoridades
Los parientes también cuestionaron la intervención debido a que, según explicaron, la madre de los adolescentes, Yohanny Borges, los había llevado voluntariamente ante las autoridades aproximadamente dos meses antes.
De acuerdo con la versión familiar, esa decisión se produjo después de que surgieran acusaciones sobre su supuesta vinculación con actividades delictivas. Los allegados sostienen que ambos quedaron en libertad porque, presuntamente, no existían querellas formales que justificaran mantenerlos detenidos.
La familia utiliza ese antecedente para insistir en que cualquier señalamiento contra los jóvenes debía tramitarse por las vías legales correspondientes y que las autoridades tenían la responsabilidad de presentarlos ante la justicia, en caso de existir motivos para su arresto.
No obstante, para determinar las circunstancias de aquella comparecencia y su relación con el operativo reciente, sería necesario revisar los registros oficiales, las órdenes judiciales y las actuaciones realizadas en ambos momentos.
Policía Nacional reporta cinco órdenes de arresto
Por su parte, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, ofreció una explicación distinta sobre las razones por las que los adolescentes eran buscados por las autoridades.
El portavoz informó que contra los hermanos existían cinco órdenes de arresto y varias denuncias relacionadas con presuntos asaltos, atracos agravados y otros hechos delictivos.
Pesqueira también indicó que durante la intervención fueron ocupadas dos armas de fuego que, según la institución, eran portadas de manera ilegal.
Estas informaciones forman parte de la versión oficial sobre el caso, pero no responden por sí solas a todos los cuestionamientos planteados por los familiares acerca de la forma en que se desarrolló el procedimiento y las circunstancias de las muertes.
Por esa razón, resulta fundamental que las autoridades competentes presenten las conclusiones de una investigación que permita establecer qué ocurrió dentro de la vivienda, cómo se utilizaron las armas durante el operativo y si las actuaciones de los agentes se ajustaron a los protocolos correspondientes.
Un caso que exige respuestas y respeto al debido proceso
La muerte de dos adolescentes en una intervención policial constituye un hecho de especial gravedad que merece ser examinado con rigor, independencia y transparencia. La existencia de denuncias u órdenes de arresto debe investigarse conforme a la ley, pero también deben esclarecerse las circunstancias en las que se produjo la pérdida de dos vidas.
Una investigación completa debería tomar en cuenta los testimonios de los familiares, las declaraciones de los agentes participantes, los informes forenses, las evidencias balísticas y cualquier grabación o registro disponible. Estos elementos podrían ayudar a reconstruir los acontecimientos y determinar si hubo alguna actuación irregular.
Llamado a la conciencia y a la responsabilidad
Este caso también invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la vida, los derechos humanos y el debido proceso, independientemente de las acusaciones que puedan existir contra una persona. Las autoridades tienen la responsabilidad de perseguir los delitos y proteger a la ciudadanía, pero sus actuaciones deben desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley.
De igual manera, es necesario recordar que las denuncias deben investigarse antes de emitir conclusiones definitivas y que ninguna familia debería tener que conformarse con dudas cuando se produce una pérdida de esta magnitud. La sociedad necesita instituciones firmes frente a la delincuencia, pero también transparentes, capaces de rendir cuentas y comprometidas con la justicia.
El esclarecimiento de lo sucedido en Mendoza es fundamental tanto para los familiares de Randy Omar y Omar Randy como para la confianza de la ciudadanía en los organismos responsables de garantizar la seguridad pública. La verdad, sustentada en pruebas y no únicamente en versiones contrapuestas, debe ser el punto de partida para determinar si hubo responsabilidades y garantizar que se actúe conforme a la ley.