“Lo que comenzó como una tragedia estructural podría transformarse en una bomba jurídica de gran alcance”, así lo expresó el abogado Manuel Bordas, quien advierte que el caso de la discoteca Jet Set podría convertirse en la puerta de entrada a un proceso penal por evasión fiscal y presunto lavado de activos, bajo el marco de la Ley 155-17.
Desde el colapso del icónico establecimiento ubicado en la avenida Independencia, el país ha seguido de cerca cada paso de las autoridades. Sin embargo, una nueva lectura del caso eleva el enfoque desde la ingeniería hasta el derecho penal económico.
Bordas, a través de su columna en el periódico De Último Minuto, plantea que la reciente inmovilización de bienes solicitada por el Ministerio Público no responde únicamente al trágico evento, sino a indicios de operaciones financieras que podrían haber violado la legislación vigente.
El jurista indica que, aun sin haber tenido acceso directo a la solicitud judicial, la medida parecería estar sustentada en el artículo 23 de dicha normativa, que permite al Estado actuar sin audiencia previa, como salvaguarda en medio de una investigación compleja.
Esto revela un posible interés del Ministerio Público en desmantelar estructuras empresariales opacas, más allá de los escombros físicos del local.
Con un lenguaje firme, Bordas expone que el verdadero eje de esta pesquisa puede estar en el manejo completo de la empresa: desde su esquema de tributación, contratación de empleados y flujos de capital, hasta posibles licencias irregulares.
A su juicio, la ausencia de empleados en la TSS, la evasión de impuestos o la no declaración de ingresos podrían constituir delitos precedentes, castigados con hasta 20 años de prisión.
El abogado también lanza una señal de alerta en torno a los permisos otorgados al establecimiento. Si se comprueba la existencia de autorizaciones amañadas o tráfico de influencias en el levantamiento o habilitación del Jet Set, se configuraría un escenario donde convergen fallas administrativas con delitos financieros, ambos bajo la lupa del Ministerio Público.
“No es momento para juicios anticipados”, remarca el abogado, apelando a la observación crítica y a la exigencia de transparencia durante todo el proceso.
Su llamado final es claro: “debemos entender que detrás de una catástrofe que conmociona al país, puede esconderse un sistema empresarial con serias irregularidades, cuya exposición compete no solo al ámbito judicial, sino también a la conciencia ciudadana”.
A partir de estas revelaciones, las instituciones fiscales y judiciales del país están llamadas a actuar con máxima diligencia, mientras la opinión pública comienza a procesar que esta tragedia podría ser tan estructural como financiera.