Desde este lunes 12 de mayo, los puestos fronterizos entre Haití y República Dominicana amanecen bajo una nueva regla que cambia el comercio como se conocía hasta hoy: queda prohibido el ingreso por tierra de mercancías extranjeras desde territorio dominicano, una medida impuesta por la Dirección General de Aduanas haitiana que ya genera tensión en toda la franja limítrofe.
Las filas de comerciantes haitianos y dominicanos en los mercados de Dajabón, Jimaní y Elías Piña lucen distintas, marcadas por la incertidumbre y el temor de decomisos. Muchos se preguntan qué pasará con los productos que ya habían sido comprados o enviados bajo acuerdos previos.
Según la circular oficial No. DAJ/BM/AGD/03-25/00479, emitida por la AGD, toda mercancía extranjera que ingrese a Haití desde República Dominicana deberá hacerlo únicamente por vía marítima, una decisión que deja fuera de operación aduanera terrestre a decenas de empresas y pequeños comerciantes.
El golpe no solo afecta a las grandes importadoras. Miles de comerciantes informales que cruzaban la frontera cada semana para abastecer sus pequeños puestos ahora pierden su única vía directa de sustento, al no poder ingresar productos —aunque legales en el mercado dominicano— si tienen origen extranjero.
Cualquier carga que viole esta disposición será retenida, advirtió la administración aduanera de Haití. La Policía Nacional Haitiana y las Fuerzas Armadas tendrán el poder de decomisar productos en tránsito, reforzando una vigilancia que, según las autoridades, es vital para frenar la creciente influencia de grupos armados en la zona.
El trasfondo de esta decisión, según el ministro de Economía y Finanzas, Alfred Métellus, es el control del crimen organizado. En una entrevista para la emisora Magik9, el funcionario reveló que las pandillas haitianas se embolsillan entre 60 y 100 millones de dólares al año por cobros ilegales en la frontera, con tarifas de hasta 2,000 dólares por cada contenedor. Con un estimado de 3,000 contenedores al mes, se calcula que una parte importante de los ingresos termina financiando estructuras criminales en lugar de instituciones estatales como la Policía.
«Hay más dinero que va hacia actividades criminales que hacia la Policía. Si queremos combatir la inseguridad, tenemos que actuar sobre eso», sostuvo Métellus.
A partir de hoy, todos los envíos que antes fluían de manera más ágil desde puertos dominicanos como Haina o Caucedo, utilizando rutas terrestres hacia Haití, deberán reconfigurar completamente su logística hacia puertos marítimos haitianos, enfrentando no solo mayores costos, sino también nuevas demoras en los procesos de nacionalización.
Los ciudadanos que dependen del comercio binacional se enfrentan a un nuevo desafío. La disposición marca un cambio drástico en la dinámica fronteriza que, por años, ha sido fuente de empleo, abasto y subsistencia para miles en ambos países.
