Puerto Príncipe, Haití.- Una decisión sin precedentes revive el fantasma de las guerras privadas: el Gobierno de Haití ha firmado un polémico contrato con el empresario estadounidense Erik Prince para enfrentar a las pandillas que asedian el país, marcando un giro drástico en la estrategia de seguridad nacional.
Conocido mundialmente por fundar Blackwater, una empresa militar privada manchada por escándalos en Irak, Prince ha comenzado a desplegar su red operativa en suelo haitiano desde marzo, utilizando drones para rastrear a cabecillas criminales, aunque hasta el momento no se han reportado capturas de alto nivel.
El plan contempla el envío de 150 mercenarios este verano, además de un cargamento de armas ya entregado.
Esta relación entre Prince y el gobierno haitiano comenzó a gestarse a finales de 2024, cuando el empresario empezó a reclutar personal desde Florida, una operación rodeada de discreción y dudas sobre su legitimidad.
Aunque el contrato no ha sido divulgado públicamente, fue confirmado por fuentes del Departamento de Estado estadounidense al The New York Times.
Erik Prince, exmiembro de la Marina de EE. UU. y hermano de la exsecretaria de Educación de Trump, ha estado involucrado en conflictos desde Medio Oriente hasta América Latina, incluyendo colaboraciones con Ecuador, operaciones en Venezuela y reuniones con funcionarios de El Salvador para posibles acuerdos de deportación migratoria a gran escala.
A pesar de su exclusión previa del Pentágono y la CIA por sus métodos agresivos y contratos opacos, Prince ha reactivado sus vínculos con la nueva administración de Donald Trump, buscando posicionarse como pieza clave en sus planes migratorios y de seguridad hemisférica.
Entre sus acciones más controversiales figura haber propuesto la privatización del conflicto en Afganistán y entrenar mercenarios para Emiratos Árabes Unidos.
En Haití, el temor no es solo sobre el uso de fuerza extranjera, sino sobre el vacío de rendición de cuentas. Rod Joseph, veterano haitiano-estadounidense y empresario de seguridad, reveló que se le ofreció participar en el plan, pero lo rechazó tras ver la falta de estructura formal y garantías legales.
“Si esto viniera del gobierno de EE. UU., al menos habría supervisión. Pero este contrato privado no responde a nadie”, advirtió.
Prince planea usar contratistas desde El Salvador y helicópteros artillados para lanzar ofensivas contra las bandas armadas que controlan zonas de Puerto Príncipe.
Sin embargo, estas acciones requieren permisos del Departamento de Estado, los cuales no han sido confirmados públicamente.
Mientras tanto, las operaciones siguen en marcha, sin claridad sobre sus resultados ni sobre su legalidad internacional.
A partir de esta alianza, Haití se convierte en uno de los pocos países del continente en externalizar por completo su lucha contra el crimen organizado a una fuerza militar privada, en un contexto ya marcado por la violencia, la desconfianza y un historial sensible: el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 involucró mercenarios colombianos contratados por una firma de seguridad extranjera, lo que generó un rechazo internacional que aún perdura.