Vestidos de civil, algunos con el rostro cubierto y otros a cara descubierta, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron este viernes en los pasillos del Tribunal de Inmigración del sur de Manhattan y detuvieron abruptamente a dos migrantes, entre ellos un joven dominicano de 34 años llamado Joaquín Rosario, justo después de cumplir con su primera cita legal en el proceso migratorio.
El eco de las voces retumbó en el piso 12 del edificio judicial cuando los oficiales gritaron: “¡No se mueva!”, “¡No se resista!”, mientras inmovilizaban a los dos hombres contra el suelo.
Las esposas cerraron la escena que, para muchos, marcó el abrupto final de su esperanza de regularizar su estatus en EE. UU.
Joaquín Rosario había llegado a Nueva York hace un año, tras entregarse en la frontera. Nunca imaginó que su presencia en la corte lo pondría frente a un operativo del ICE.
Sin abogado ni advertencias, caminó al tribunal convencido de que ese trámite sería uno más en su proceso de asilo.
El segundo detenido, de rasgos asiáticos, también fue escoltado fuera del edificio bajo custodia federal, pese a estar acompañado por voluntarios de organizaciones de derechos humanos, quienes intentaron —sin éxito— interponerse en la acción. Los agentes se retiraron por los ascensores mientras el resto de los asistentes observaban, perplejos.
Los arrestos han generado conmoción dentro y fuera del tribunal. Un agente de seguridad del edificio, también inmigrante, confesó que jamás había visto algo similar en todos sus años en el lugar. “Esto nunca había pasado”, murmuró desconcertado.
Activistas, abogados y organizaciones defensoras han calificado las detenciones como una forma de “intimidación directa” y alertan que se trata de una nueva estrategia de persecución migratoria desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó en enero las restricciones que protegían a los tribunales como espacios seguros.
Estas acciones recuerdan el caso del joven venezolano Dylan López Contreras, detenido el 21 de mayo en las mismas circunstancias.
Sus abogados interpusieron un habeas corpus por violación al debido proceso, señalando que se trata de procedimientos abusivos que contradicen los derechos constitucionales.
«Son secuestros ilegales», denunció Karen Ortiz, activista y funcionaria judicial, durante una manifestación frente a la corte.
“Estamos en un momento crítico, debemos alzar la voz y ponernos entre los agentes del ICE y las personas que vienen a ejercer su derecho de defensa”.
A partir de estas operaciones, la confianza en el sistema judicial migratorio ha comenzado a fracturarse. Muchos migrantes ahora temen asistir a sus citas por miedo a ser capturados en lugares donde antes se sentían seguros.
La comunidad inmigrante se ve así atrapada entre el deber legal y la amenaza de detención inesperada.
Desde su regreso a la presidencia en enero, Donald Trump ha reforzado su ofensiva contra la inmigración. En solo cinco meses, su administración ha ejecutado redadas masivas, restricciones de entrada a ciudadanos de 19 países y cancelado permisos temporales a más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Las detenciones en tribunales forman parte de esa política de “mano dura”.
