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<\/figure>\n\n\nSeg\u00fan declaraciones del comunicador Daniel Alc\u00e1ntara, el caso de Afe Guti\u00e9rrez se origin\u00f3 en 2005, cuando un menor qued\u00f3 sin existencia cerca del negocio familiar. En aquel momento, el expediente fue archivado debido a la falta de elementos que permitieran establecer responsabilidades, dejando el proceso en pausa hasta que surgieran nuevas pruebas o testimonios que pudieran reactivarlo.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con Alc\u00e1ntara, la historia tom\u00f3 un giro varios a\u00f1os despu\u00e9s, cuando Guti\u00e9rrez conoci\u00f3 a Sara Pep\u00e9n, quien trabajaba en Telemicro y, seg\u00fan \u00e9l, manten\u00eda entonces un v\u00ednculo sentimental con Juan Ram\u00f3n G\u00f3mez D\u00edaz, presidente del Grupo Telemicro. Ambos j\u00f3venes coincidieron en ese entorno laboral, comenzaron a acercarse y eventualmente formalizaron una relaci\u00f3n, lo que, seg\u00fan la versi\u00f3n del comunicador, influy\u00f3 en la reactivaci\u00f3n del proceso judicial en 2008.<\/p>\n\n\n\n
El comunicador sostiene que, tras consolidarse ese v\u00ednculo, se reabri\u00f3 el expediente que coloc\u00f3 a Afe y a su padre como se\u00f1alados por el suceso ocurrido a\u00f1os atr\u00e1s. Seg\u00fan su relato, la madre del menor fue persuadida para presentar una acusaci\u00f3n directa, mientras su esposo ingresaba a la Polic\u00eda Nacional en el mismo periodo. Alc\u00e1ntara a\u00f1ade que surgieron testigos que posteriormente afirmaron haber recibido incentivos econ\u00f3micos para declarar en contra de Guti\u00e9rrez, se\u00f1alando que esos aportes, seg\u00fan su versi\u00f3n, proven\u00edan de G\u00f3mez D\u00edaz, en un contexto influido por la relaci\u00f3n previa con Pep\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n
Las declaraciones recopiladas por Alc\u00e1ntara indican que estos testimonios sostuvieron un expediente que avanz\u00f3 durante la gesti\u00f3n del entonces procurador Radam\u00e9s Jim\u00e9nez Pe\u00f1a, generando cuestionamientos sobre las actuaciones institucionales. El escenario judicial deriv\u00f3 en dos sentencias consecutivas de 30 a\u00f1os en contra de Guti\u00e9rrez, decisiones que luego fueron revocadas por la Corte de Apelaci\u00f3n debido a inconsistencias en la prueba presentada.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Alc\u00e1ntara, Guti\u00e9rrez cumpli\u00f3 24 meses en el centro penitenciario de La Victoria mientras su defensa agotaba los recursos legales disponibles para llevar el caso a instancias superiores. En 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descarg\u00f3 de manera definitiva, declarando su inocencia y anulando las decisiones anteriores. Esta sentencia, seg\u00fan el comunicador, se convirti\u00f3 en un elemento clave para documentar lo que la defensa consideraba irregularidades en todo el proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1os m\u00e1s tarde, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia confirm\u00f3 una resoluci\u00f3n que ordena a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica indemnizar a Guti\u00e9rrez con 10.9 millones de pesos por concepto de prisi\u00f3n preventiva injusta. Los representantes legales del caso se\u00f1alaron que esta suma constituye la compensaci\u00f3n m\u00e1s alta otorgada en el pa\u00eds por un proceso de esta naturaleza, estableciendo un precedente dentro del derecho administrativo dominicano.<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n proporcionada por Daniel Alc\u00e1ntara concluye que, con la confirmaci\u00f3n del resarcimiento econ\u00f3mico y la sentencia absolutoria, el expediente qued\u00f3 cerrado, sin incorporar elementos adicionales que no provengan de sus declaraciones ni de los documentos judiciales citados, cerrando as\u00ed una etapa prolongada de litigio y asegurando la reparaci\u00f3n del afectado por las decisiones judiciales anteriores.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n